Con el apartamiento de la jueza que la imputó, la fiscal Companys modificó su panorama

La Cámara de Acusación de Córdoba resolvió apartar a la jueza de Control de Río Segundo, María Licia Tulián, de la investigación contra la fiscal de instrucción de Villa María, Juliana Companys. El tribunal hizo lugar a la recusación presentada por los abogados defensores Manuel de Allende y Facundo Cortes Olmedo, quienes cuestionaban la objetividad de la magistrada y denunciaban irregularidades en el trámite de la causa.

La decisión fue tomada por los vocales Carlos Alberto Salazar, Patricia Farías y Mario Capdevila, quienes entendieron que existen “hechos objetivos del procedimiento” que permiten sostener una duda legítima sobre la imparcialidad de la jueza.

Además del apartamiento de Tulián, la Cámara resolvió separar de la investigación a la fiscal Patricia Baulíes y ordenó que todas las actuaciones sean remitidas al Fuero Anticorrupción, al considerar que es el ámbito con competencia “exclusiva y excluyente” para investigar delitos contra la administración pública en la Circunscripción Judicial.

De esta manera, el expediente en el que Companys está imputada por presunto abuso de autoridad, amenazas y falsedad ideológica quedará ahora bajo la órbita del juez de Control Gustavo Hidalgo y a la espera de la designación de uno de los fiscales anticorrupción.

Entre los fundamentos del fallo, la Cámara cuestionó una “marcada dilación” en el avance de una de las causas iniciadas en 2021. Los jueces remarcaron que, tratándose de una investigación contra una fiscal de instrucción, la relevancia institucional del caso exigía mayor celeridad.

Otro de los puntos señalados por el tribunal fue la omisión de incorporar oportunamente al expediente una resolución del Juzgado de Control del Fuero Anticorrupción que había archivado una de las denuncias contra Companys. Según la Cámara, ese “error involuntario”, sumado al dictado del secreto de sumario para producir pruebas sin intervención de la defensa, generó un “malestar e inquietud” razonable en los abogados de la fiscal.

En diciembre de 2023, el juez Gustavo Hidalgo había cerrado una de las investigaciones vinculadas a hechos que luego volvieron a ser incluidos en la imputación impulsada por Tulián.

La defensa de Companys había basado gran parte de su planteo en una supuesta violación del principio de ne bis in idem, que prohíbe una doble persecución penal sobre los mismos hechos. Los abogados sostuvieron que las denuncias impulsadas por la militante contra la trata de personas y exauditora de Villa María Alicia Peressutti ya habían sido desestimadas tanto por el fuero Penal Económico como por la Oficina de Ética Judicial.

En ese marco, denunciaron que la jueza habilitó la participación del abogado querellante Dionisio Centeno mientras restringía durante meses el acceso de la propia Companys y sus defensores al expediente.

El caso Mariela Bessonart

Entre las denunciantes contra Companys aparece Emma Franco, expareja de Rodolfo Delpino, único acusado en la causa por la desaparición de Mariela Bessonart, ocurrida hace más de dos décadas. Franco dijo sentirse intimidada cuando fue convocada como testigo en la reactivación de esa investigación, años atrás, cuando Companys reavivó la búsqueda, en el marco de una causa que fue instruida por su antecesor, el ya jubilado Gustavo Atienza. 

Las actuaciones contra Companys se dieron en paralelo a otra investigación (desprendida de aquella) impulsada por la fiscal Patricia Baulíes, en la que este mes fueron detenidos los abogados Teodora Perassi y Adrián Brochero, imputados por distintos delitos vinculados al ejercicio profesional. También fue imputado Alejandro Bianco, exintegrante de la Fiscalía de Companys. 

Perassi es justamente la abogada que a comienzos de este año denunció ante la fiscalía de Companys una presunta trama de corrupción en tribunales de Villa María, que supuestamente compromete a René Bosio, presentación que derivó en un pedido de investigación jurisdiccional promovido por Companys contra su colega.