Organizaciones rechazan cambios en la Ley de Glaciares

El Gobierno nacional incluyó la “adecuación” de la Ley de Glaciares en las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 30 de diciembre. Aunque aún no se conoce el proyecto, el oficialismo apunta a revisar la definición de “ambiente periglacial”. La propuesta fue impulsada por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo y respaldada por los mandatarios de San Juan, Catamarca y Jujuy, que integran la Mesa del Cobre.

Ante el avance del Ejecutivo, 25 organizaciones difundieron el comunicado “Sin agua no hay desarrollo posible”, donde sostienen que modificar la ley sería “ilegal e inconstitucional” y advierten que cualquier retroceso en la protección de glaciares y áreas periglaciales compromete reservas hídricas clave.

La Ley de Glaciares, vigente desde 2010, prohíbe actividades mineras e hidrocarburíferas y obras que afecten el hielo o la calidad del agua en glaciares y ambiente periglacial. También creó el Inventario Nacional de Glaciares, que registra 16.968 cuerpos de hielo en el país.

Mientras sectores vinculados a la minería cuestionan que la ley otorgue una protección “demasiado amplia” a zonas periglaciales, especialistas del Ianigla y organizaciones ambientales sostienen que ese ambiente incluye hielo —y por lo tanto agua dulce— que cumple funciones de reserva, especialmente en años de sequía.